La promesa más cara

Por Alejandro Páez Varela

SinEmbargo

 

 

Romero Deschamps. Pero no es el único. Foto: Cusrtoscuro

Por la conversación que tuvo con los empresarios de Nuevo León la semana pasada, es posible advertir a un Andrés Manuel López Obrador más centrado en los gastos. Trae claro lo que pagamos por servicio de la deuda (un dineral), el gasto corriente (un dineral) y lo que se va a inversión (una baba). Y empieza a calcular sus limitaciones. Se dará cuenta que el combate a la corrupción que ha prometido no se reflejará en efectivo, como decía en campaña, aunque podría “verse” si el dinero dispuesto para obras rinde más, por ejemplo, aunque no deja de ser un intangible: no es que repentinamente puedas decir: “se acabó la corrupción, tengo tanto dinero extra”.

En fin. Veo al próximo Presidente más centrado en el costo de las cosas. Se sentó frente a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y ya vio que no se puede hacer más de lo que se puede hacer sin contratar deuda, sin aumentar la base gravable, sin subir los impuestos y/o sin tomar al toro por los cuernos.

Hay dos fuentes de ahorro (e ingreso) que López Obrador tiene en la mano. Una, en efecto, es la austeridad; la ha promovido y a toda la administración pública le generará algo de dinero. Pero el otro rubro, del que ha hablado poco –aunque entiendo que lo trae entre manos–, son las cancelaciones y condonaciones fiscales. Algunos cálculos conservadores indican que el Gobierno de Enrique Peña Nieto han perdonado entre 150 mil millones y 200 mil millones por año en impuestos por créditos fiscales. Las beneficiadas son apenas 15 empresas. Para dimensionarlo mejor: lo que AMLO necesita para el Tren Maya anda justo en esas cantidades. Eso es lo que dejan de pagar los más ricos entre los ricos de México.

La cancelación pondrá en pie de guerra a 15 grupos empresariales muy poderosos. Y hay algunos, en ese selecto club, que son amigos de la casa; como Ricardo Salinas Pliego, que sale en las listas de beneficiarios realizadas por Fundar.

Son 15 poderosos contra millones que saldrían beneficiados. AMLO tiene que calcularlo bien. Y allí tendrá una manera de demostrarnos de qué madera está hecho.

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Pero la promesa más cara de AMLO no son las becas a estudiantes o elevar las pensiones para los adultos mayores; no son el Tren Maya o el de contenedores que conectaría el Pacífico con el Golfo de México; no es siquiera un Nuevo Aeropuerto o el de Santa Lucía.

La promesa más cara de López Obrador es el combate a la corrupción y al sistema de privilegios que diseñó una élite para su propio disfrute.

Los niveles de impunidad de la administración Peña han definido, por omisión, una lista de personajes que deben ser investigados de inmediato o incluso detenidos por la cantidad de evidencia en su contra. Están dos obvios: César Duarte y Emilio Lozoya; la nueva administración tiene una enorme oportunidad de demostrar que el “amor y paz” no es un boleto de avión para los impunes. Están Carlos Romero Deschamps; el líder de los ferrocarrileros, Víctor Flores Morales; el descarado dirigente del sindicato de electricistas, Víctor Fuentes del Villar. Y hay otros, muchos otros, que no será fácil indiciar e investigar pero que, si se hace, mandará un mensaje claro de que la gran promesa será cumplida sin cálculo político. Como indagar y ejercer acción penal (si hay elementos) contra los últimos tres gobernadores del Edomex (Arturo Montiel, Eruviel Ávila y por supuesto Enrique Peña Nieto) o contra algunos de los secretarios más polémicos del sexenio: desde Rosario Robles hasta Gerardo Ruiz Esparza. O gobernadores en ejercicio, como Manuel Velasco; o políticos de los que siempre se ha hablado, como el “niño” Verde.

Hay una lista de individuos que se han salido con la suya y que por razones de Estado tendrían que pasar por una acción coordinada (también de Estado) de una Fiscalía independiente para revisar sus casos a pesar de que con algunos de ellos aplica lo de que no se les pueda juzgar dos veces por un mismo delito. Claro que en esa lista está Elba Esther Gordillo, pero también Rodrigo Medina, Napoleón Gómez Urrutia, Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington o Roberto Hernández. Sus causas deben caer en manos de un experto para limpiar las carpetas de vicios. Y se debe meter mano a los 60 mil millones de pesos que se repartieron (o se terminarán de repartir) en prensa en este sexenio. Revisar si no sucedió, como se rumora, que funcionarios del Comunicación Social estuvieron pidiendo durante seis años su moche por las asignaciones de publicidad oficial.

Estas listas salen de una mañana de domingo y de memoria y por lo tanto están cuchas, rabonas; uso nombres sólo como ejemplo, y brincan algunos de los casos más notorios. Sin embargo se engrosarán con los meses.

Ayer, frente a lo publicado por la revista Proceso sobre las presuntas propiedades de los hermanos Serna y de Miguel Ángel Mancera, uno de los próximos funcionarios me compartió el link y me preguntó: “¿Y luego? ¿Qué sigue? ¿Se queda en una denuncia de prensa?”, como tratando de decirme qué era lo que, en mi juicio, procedería a partir la publicación. La administración de justicia no es su área. Yo le contesté que sí, que en efecto, una denuncia periodística es insuficiente sin una indagatoria. ¿Quién le pone ahora el cascabel al gato?, le contesté con una pregunta.

Yo no se si el próximo Gobierno está pensando en ponerle el cascabel al gato. Un día creo que sí, otro día pienso que no. Pero esa promesa, la de acabar con la impunidad, los privilegios y la corrupción, se lanzó como bandera y fue lema de campaña y creo que los mexicanos no le quitarán el dedo del renglón. Si no se construye el Tren Maya por falta de recursos o inviabilidad, la gente lo comprenderá. Pero si no se va contra los corruptos o al menos se investiga con libertad y transparencia a los que huelen a corrupción, entonces Andrés Manuel y Morena pagarán, más pronto de lo que esperan, el costo político. Y es la promesa más cara: me imagino que alguien calcula –con el cascabel en la mano y mientras escribo– el costo de no cumplirla.

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